Con la eliminación de la mayoría de
los 88 “candados” de retroceso que habían propuesto las distintas
instancias gubernamentales, el Senado de la República aprobó en lo
general y en lo particular la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que obliga a sindicatos, partidos, los tres niveles
de gobierno, fideicomisos, contratos energéticos, entre otros, a hacerse
públicos.
Por 110 votos a favor, sólo 1 en contra y
1 abstención los partidos políticos aprobaron en lo general esta ley
reglamentaria de la reforma constitucional, al tiempo que desecharon la
mayoría de las reservas planteadas y aprobaron en lo particular por 95
votos a favor, 4 en contra y 1 abstención los nuevos ordenamientos.
Para el senador del PRD, Alejandro
Encinas, con esta ley el IFAI tendrá la obligación de hacer valer los
derechos de los ciudadanos de acceder a información y sólo se mantienen
clasificados aquellos datos con base en una valoración que
desclasificará en un tiempo razonable la información reservada.
La senadora del mismo partido, Dolores
Padierna, destacó como logro que se impongan a las autoridades del
sector energético la “máxima publicidad” de convenios y contrataciones
con empresas privadas, en tanto que la Secretaría de Hacienda estará
obligada a presentar, sin restricciones, las acciones y medidas de los
fideicomisos, el manejo de los créditos fiscales, condonaciones y
cancelaciones.
Para la senadora del PRI, María Hilaria
Domínguez, este nuevo ordenamiento influiría en el combate a la
corrupción y a la impunidad, a partir del fomento de la participación
ciudadana.
Del mismo partido, Hilda Esthela Flores
Escalera, afirmó que el nuevo ordenamiento garantiza elevar los derechos
humanos en igualdad de oportunidades.
Por el PAN, Javier Corral resaltó los
avances en el derecho de acceso a la información, pero señaló como “el
gran faltante” la ausencia de rigor con el que el Congreso ve a otros
poderes, “pero no se ve a sí mismo”. El senador chihuahuense criticó un
artículo transitorio, aprobado en comisiones, que diluye el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia del Congreso de la Unión.
La legisladora Alejandra Barrales, del
PRD, destacó que se eliminará toda posibilidad de que los sindicatos
continúen en la opacidad, “como ha ocurrido hasta la fecha”, ya que la
ley los obliga a dar acceso a sus cuentas, su número de afiliados y las
aportaciones de recursos públicos.
La nueva ley obligará a aplicar “la
prueba del daño y de interés público” en el momento de la clasificación
de la información, destacó la senadora del PAN, Laura Rojas, quien
también resaltó que la ley “faculta expresamente al IFAI para ordenar la
apertura de información relativa a violaciones graves de derechos
humanos”
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