Manuel
Martínez/ San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 23 de octubre del 2019.-
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se
pronunció al igual que otras organizaciones para
exigir justicia para niñas masacradas en el Hogar Seguro, en Guatemala.
Lo anterior
porque, “según las informaciones recibidas a través de las
organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes
contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para
enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y
obstáculos”.
En el
comunicado conjunto del cual forma parte el Frayba da a conocer que este
22 de octubre, iniciaron las audiencias preparatorias del juicio para
determinar la responsabilidad penal de tres altos
funcionarios en el caso “Hogar Seguro”.
Organizaciones
de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el
Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, piden
unánimemente justicia para uno de los casos más graves
de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y
adolescentes en América Latina, señala el pronunciamiento.
Precisa que
el 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida
calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo
amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de
la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de
Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde
habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y
las autoridades del hogar.
“El fuego se
propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que
cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a
abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos,
es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables”.
En este
contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus
familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente.
Por lo
anterior, exigen esclarecer los hechos y determinar responsabilidades
penales uniendo los juicios, tal y como dictan los principios y normas
penales, garantizando así la integralidad de la investigación
y la perspectiva de derechos humanos; de lo contrario se genera una
impartición de justicia segmentada, donde se pueden perder detalles
sustanciales que faciliten la impunidad.
Exigen tomar medidas urgentes para garantizar que no existen más dilaciones indebidas en el proceso penal.
De manera
general, "urgimos al sistema de procuración e impartición de justicia de
Guatemala a apegarse a la debida diligencia en los procedimientos
abiertos y garantizar condiciones plenas de acceso
a la justicia, esclarecimiento de los hechos, sanción a los
responsables y reparación de los daños causados conforme a los
parámetros internacionales".
El grupo de
litigantes contra la Tortura de América Latina es una plataforma,
establecida en abril de 2019, conformada por abogados/as de 18
organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América
Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), dirigida a
luchar de forma colectiva contra la tortura y la impunidad en la región
mediante una perspectiva integral del litigio.
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